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Mil quinientos servidores federales a Querétaro

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Establecer en Querétaro la Secretaría de la Función Pública (antes Contraloría) implicará la movilización de más de mil 500 empleados (con sus respectivas familias) según información del periódico Reforma, a propósito del proyecto de descentralización gubernamental del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

En total son 103 mil los servidores públicos de 25 ó 27 dependencias federales los que podrían ser reubicados durante el próximo sexenio, con un costo de 128 mil millones de pesos.

Los de la secretaría destinada a Querétaro no son tantos, considerando los 24 mil del SAT, que se irá a Mexicali, Baja California o los 15 mil de Comunicaciones y Transportes, dispuesta para San Luis Potosí.

La medida, de gran impacto y que podría llevarse años, exige un proceso de planeación e investigación sobre viviendas y escuelas para las familias de los burócratas desplazados, así como negociaciones individuales y con sus sindicatos

Por cierto, independientemente de los temas logísticos y políticos, es interesante observar y reflexionar sobre la naturaleza de las secretarías y sus destinos, en la lógica de López Obrador.

Turismo a Cancún, Quintana Roo.

Agricultura a Ciudad Obregón, Sonora.

Sedesol a Oaxaca, Oaxaca.

Energía a Villahermosa, Tabasco.

Economía a Monterrey, Nuevo León.

Salud a Chilpancingo, Guerrero.

Pesca a Mazatlán, Sinaloa.

¡Función Pública a Querétaro!

¿Por qué viene la secretaría encargada de coordinar, evaluar y vigilar el servició público de nivel federal?

¿Será, se pregunta este armero, por la tradición jurídica de nuestra ciudad, en donde se discutió y promulgó la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos?

Hace casi cinco meses lo adelantó el entonces candidato presidencial de Morena a un grupo de empresarios queretanos reunidos en Juriquilla, en compañía de Alfonso Romo Garza, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia y la próxima contralora, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Y es que, insisto, resulta interesante que sea esa dependencia, que revisa la honesta aplicación de los presupuestos federales y sanciona la corrupción, la que enviará López Obrador a Querétaro.

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